El Cepla, el edificio emblemático de la lucha contra las drogas en Tucumán, fue inaugurado el martes en la Costanera, en medio del enojo de los vecinos. “Llega tarde”, dijo una madre que ha perdido a tres hijos en 16 años, consumidos por el paco. “Va a fracasar si no se trabaja con los chicos y con la familia”, sentenció el vecino Ángel Villagrán, de “La hermandad de los barrios”.

El día de la inauguración del centro para tratamiento de adicciones, mezclado con el acto político con el que el gobernador Juan Manzur presentó al precandidato presidencial Alberto Fernández, el barrio empezaba a velar a dos adolescentes de 14 años. Nico y Miriam se habían quitado la vida. ¿Pacto suicida? ¿Depresión? “Hay muchos casos de suicidio relacionados con el consumo y con las problemáticas sociales. La vida y la muerte son vistas como algo efímero”, dice el psicólogo Emilio Mustafá, que trabaja con un equipo territorial en la Costanera y otros barrios vulnerables. Ese día, también, los vecinos reclamaron por la política social y de salud (decían que no los invitaron al acto y que los ningunean) con un carro de tracción a sangre y un cartel que decía “esta fue nuestra primera ambulancia del Cepla”, haciendo alusión a que al problemático vecindario no entran los vehículos de emergencias.

No es que el Estado no esté presente. Desde hace mucho tiempo trabajan en ese barrio equipos del Programa de Mejoramiento Barrial, de Desarrollo Social, de Educación y de Seguridad provincial, y de la Municipalidad capitalina. Lo han pavimentado parcialmente, lo han iluminado, le hicieron una avenida junto al río Salí, le pusieron juegos; hay una iglesia, una canchita, una escuela. Todo en un área de casi 20 cuadras por tres, ubicada entre los puentes Ingeniero Barros y Lucas Córdoba, en la que viven unas 9.000 personas. El Estado está presente, pero la realidad del barrio lo supera: mantiene un dramático promedio de entre tres y cinco homicidios por año. Por sus calles, la violencia y la venta y el consumo de droga parecen estructurales.

Pobreza y crisis

No se trata necesariamente de un problema de pobreza, que, objetivamente, se ha agravado en una economía nacional salvajemente destructiva. Si se calcula el índice de pobreza en un 31,2% en el Gran San Miguel, eso implica unas 286.000 personas en riesgo, que tienen comprometida su salud, su vivienda, su alimentación, su trabajo, su equilibrio mental y social. El Estado sí hace cosas. El secretario de Articulación Territorial, Francisco Navarro, dice que hay en toda la provincia 960 escuelas (más de 200.000 chicos) con prestación alimentaria (desayuno, almuerzo, y/o merienda) y, por cuarto año consecutivo, se han abierto muchos comedores escolares en vacaciones de verano y de invierno. La semana que viene se abrirán los de 270 establecicmientos. “La Provincia se encarga del 85% del costo; y la Nación, del 15% -explica-. Hace cuatro años, la relación era 60-40. Es decir que la Nación está aportando menos”. Y agrega: 109 cocinas comunitarias en barrios vulnerables, un programa amplio de microcréditos (con tasa del 6% anual) para emprendedores de economía social; y hay 60 mesas de gestión local (con fuerzas de la comunidad). No obstante, las cosas parecen empeorar, a su juicio, por la crisis económica. “Las sociedades más justas son las menos violentas. Acá la gente la está pasando mal; la situación económica afecta directamente a los sectores más vulnerables”.

Matías Tolosa, secretario de Adicciones, destaca que desde diciembre, cuando pusieron en marcha el primer Cepla (en barrio el Bosque) hasta el quinto (Costanera) el martes pasado, tuvieron 1.000 consultas y el 80% era gente que se acercaba por primera vez a buscar ayuda. Además, en el primer trimestre el sistema de Salud registró 5.500 consultas. “Al comienzo de la gestión trabajábamos en cinco o seis barrios y ahora son 35 en la Capital. No sólo es presencia sino trabajo en conjunto con distintos factores. Cocinas comunitarias, merenderos y gestiones para fortalecer lazos sociales; por ejemplo, el ciclo ‘boxeo en tu barrio’”. “En dos meses inauguraremos el sexto Cepla, en Villa Angelina. Además, tenemos un ‘trailer centro de escucha móvil’ que nos permite recorrer barrios capitalinos y del interior”. Y coincide con Navarro: “no puede haber buena salud sin una situación económica que acompañe. Es mucho más complejo cuando todas las vulnerabilidades se juntan en un mismo lugar: adicciones, pobreza, discapacidades. hasta en una misma familia. El Cepla, el CAPS y la escuela van a ser la presencia del Estado más fuerte en el barrio”.

Si el Estado hace cosas, ¿por qué no se alcanzan a ver resultados y estalla la insatisfacción? Paula Boldrini, arquitecta de un equipo del Conicet que trabaja en integración territorial en barrios vulnerables, dice que el problema de las adicciones es la demanda principal, tanto en investigadores del hábitat como en movimientos sociales. Así se analizó en un reciente congreso nacional sobre asentamientos informales. “Son las adicciones vistas como resultado de sumatorias en general que no se resuelven: hambre, falta de trabajo, discriminación, exclusión”. “Esto es una avalancha -agrega-; es una situación que por la estructura urbana está constreñida a asentamientos informales, que tienen un nodo común, que es el de la insatisfacción de las necesidades básicas”. Mustafá coincide en que se están viendo niveles inusitados de adicciones y violencia; y que la droga, en los consumos problemáticos (caso del paco), es una búsqueda desesperada de salir de esa realidad dura. Por eso los padres -como la mujer que perdió tres hijos- no saben cómo sacarlos del drama. “No se puede enfrentar el problema sin enfrentar la pobreza. Esos chicos no tienen posibilidades de elegir”, agrega Boldrini.

Perdidos en la neblina

También incide el enfoque. En visita a LG Play, el experto en adicciones Gustavo Marangoni advirtió que es muy complejo hacer frente al drama de los chicos perdidos en una “neblina cognitiva” (están atrapados por el consumo), y que la Secretaría de Adicciones no tiene autonomía ni presupuesto para ello. “No hay psicólogos formados en adicciones, ni médicos. Tampoco están haciendo formación de técnicos terapéuticos”, dice. Denuncia que en el Cepla no se ha nombrado gente idónea y que se debería trabajar con jóvenes recuperados. Mustafá reclama que ellos y los vecinos no han sido consultados, además de que han sido diezmados los equipos de abordaje territorial, que son los que trabajan con los chicos en riesgo. “En el caso de la Costanera, hay una gran demanda asistencial. La gente está entre alegre por el Cepla y confusa porque no sabe qué va a pasar”. Advierte que los chicos adictos son como fantasmas cuya actividad comienza después de mediodía hasta la una o dos de la mañana. “En cambio, el Cepla va a funcionar de 8 a 18... algo no está bien programado”, dice. Y critica que, aunque no se puede decir que no se hacen cosas, se ve que hace falta un plan estratégico, pensar en lo que hace falta y lo que hay que hacer a partir de entrar en la vida cotidiana de los barrios y en sus problemas.

A la defensiva

Los funcionarios dicen que tienen esa intención, pero no dan datos de cuántos adictos hay, cuánta gente está en riesgo y qué otras cosas hacen falta. “Están siempre a la defensiva y como minimizando el tema”, sentencia el psicólogo. “A nosotros nos toca trabajar en un sector que es de trinchera, que es visible, pero hay muchos otros barrios con problemas como el de la Costanera”.